En el Boletín Oficial del Estado del sábado 7 de octubre se publicaba el Real Decreto-ley 15/2017 de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos dentro del territorio nacional. Su texto facilitaba el cambio de domicilio de las Sociedades de Capital en aras a “la exigencia de garantizar la plena vigencia del principio de libertad de empresa consagrado en el Artículo 38 de la Constitución”. Confieso que lo vi con cierto recelo porque soy muy sensible ante cualquier regulación económica y por otros “porqués”: porque me cuestionaba su oportunidad (¿por qué no antes?), porque la medida tiene más incidencia aparente que real y económica, porque provoca actuaciones que son fácilmente reversibles, y porque el “problema catalán” es fundamentalmente político y jurídico aunque tenga otras muchas dimensiones. Después de un intenso debate conmigo mismo he concluido que la medida valía la pena al menos para obligar a posicionarse a un buen número de empresas que con su “fuga” avalan ahora las actitudes constitucionales, el cumplimiento de las leyes, e incluso las actuaciones del gobierno de Rajoy. El decreto ha propiciado un “voto de las empresas” que coadyuva a la evolución del conflicto en el sentido de una salida legal y pactada. Pero, fijada y justificada mi posición final, déjenme que eche un cable a mi otro yo, el de los recelos y amplíe brevemente la justificación de los mismos, y empiezo por el último. Debelador en mi juventud de los planteamientos abertzales nunca conseguí convencer a los radicales con el vulgar argumento de que “la pela es la pela” porque estaban dispuestos a no tener energía, dinero, comercio y a ser pobres pero “askatu”, o sea libres, y lo mismo me parece que ahora ocurre, no sólo con la CUP, sino con buena parte de los catalanes inmersos en un tsunami emocional. Así que la economía ayudará, pero manda lo jurídico, lo político y lo emotivo, y hay que seguir en ello. Las empresas son más sensibles a las cuentas de resultados, pero lo hecho hasta ahora lanza un mensaje un poco ambiguo en sus limitados efectos, los destinos elegidos para el cambio, y la reversibilidad de una mudanza de domicilio. No les culpo: el pragmatismo, la prudencia y la adaptabilidad son requisitos indispensables en la actividad empresarial, y a veces se actúa a lo Duguesclin, “ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor”.

Pero no hay duda de que, en una confrontación donde los símbolos y la propaganda son instrumentos básicos, el traslado de los cimientos societarios de la torre AGBAR o de PLANETA plantearía un contexto propicio al desenlace constitucional, pero son las instituciones del Estado las que deben seguir siendo protagonistas sin demasiados artistas invitados. Los vascos a los que yo intentaba convencer en el pasado siglo se salieron con la suya: casi independientes y también más ricos. Inteligentes y privilegiados.

 

Manuel Ángel Martín López

@eneltejado

 

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