Sin dar tiempo a que septiembre se asiente y olvide las agitadas vicisitudes agosteñas, la Presidenta Susana Díaz convocó a los agentes sociales (posteriormente la haría con los grupos políticos) para conseguir un consenso sobre la propuesta de reforma del denominado sistema de financiación autonómica. Nadie duda de que, en una negociación que va a ser dura y plagada de tensiones territoriales, seria deseable que la “postura” andaluza fuera única, bien sustentada técnicamente, y consensuada, aunque algún llamamiento convendría hacer a la concreción, tanto en sus planteamientos, como en su viabilidad y sus consecuencias. El consenso es siempre atractivo y goza de las bendiciones otorgadas a lo políticamente correcto pero no siempre conduce a una solución óptima (de la trampa del consenso en los estados federales ya escribió Darnstädt) y, en todo caso, de lo que se trata es de obtenerlo entre las diecisiete autonomías y no tanto entre las diferentes fuerzas sociales y políticas internas a cada región. No se entiende bien cómo se puede estar de acuerdo sobre una propuesta que se desconoce, aunque si de lo que se trata es simplemente de que nuestra financiación sea más abundante sin que se comprometa el desarrollo ni se incremente la presión fiscal, ningún residente en Andalucía vamos a estar en desacuerdo. En el origen de nuestro impulso autonómico está el reconocimiento de un injusto retraso socioeconómico de Andalucía y la necesidad de actuaciones especiales para superarlo. Tanto el Estatuto de 1981 como el de 2007 recogen en sus Disposiciones la alusión a esas circunstancias y la obligación de adoptar mecanismos de reequilibrio por parte de los poderes públicos. La reivindicación de la llamada “deuda histórica”, del reparto de las inversiones del Estado y la injusticia de los diferentes sistemas de financiación para con Andalucía, han sido una constante que llega a hasta nuestros días, aunque las dotaciones de capital y el bienestar social hayan mejorado notablemente. Esto, entre otros factores, hace que en cualquier nuevo sistema sean muy relevantes las transferencias de solidaridad o dicho de otra forma “los mecanismos de nivelación interterritorial”.

Resulta que en la actualidad el momento es crítico porque no parece que, como en reformas anteriores, puedan aumentarse los fondos a “repartir” y porque es el propio Estado de las Autonomías el que, guste o no, tiene síntomas de agotamiento. Sin advertirlo, y seguramente sin quererlo, muchas declaraciones a favor de la igualdad de los ciudadanos nacidos en diferentes autonomías, o de la unidad de España basada en la igualdad real de sus habitantes “regionales”, remiten más a soluciones centralistas que federalistas. Ustedes dirán que es cuestión de grado y que para resolverlo están los expertos y los políticos. No debe ser fácil porque llevan años dándole vueltas y pasándose la patata caliente.

 

Manuel Ángel Martín López

@eneltejado

 

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