Soportan las Comunidades autónomas sobre sus espaldas presupuestarias y políticas la carga creciente de la sanidad pública y bajo su peso imaginan soluciones, todas ellas conocidas. No es raro que problemas enquistados tengan enquistada resolución, pero esta perogrullada parecen no saberla quienes confían que los asuntos se resuelvan solos o carecen de arrestos para meterles mano. Dicen que ahora el Gobierno ve con sorpresa que la mayoría de las recomendaciones realizadas en 1991 por la “Comisión de Análisis y Evaluación del Sistema Nacional de Salud” presidida por Abril Martorell siguen hoy vigentes, y a mí me sorprende que se sorprendan, salvo porque hoy la situación debe ser mucho más grave y enredada con problemas políticos aún más peliagudos. Este tipo de exploración exitosa aguas arriba del túnel del tiempo a la búsqueda de obviedades -en este caso, el “copago”, el realismo presupuestario o la gestión empresarial de los recursos humanos- produce en los ciudadanos un resignado desánimo que no entiende por qué no se hizo lo que los sabios recomiendan. Ya sea en el ámbito de la sanidad, de la inmigración, de la política industrial y energética, de la gestión de la televisión pública o en los más cercanos de la inseguridad ciudadana o del tráfico, existe un exceso de diagnósticos, una inflación de planes, una plaga de comisiones y un universo de decepciones. Se encargan estudios y se forman grupos de trabajo para analizar lo que es palmario y está delante de las narices -¿cuánto tiempo hace falta para hacer un informe sobre el hiperestudiado y superreconvertido sector de los astilleros públicos?- pero permanece virgen de cualquier actuación práctica, así que no es extraño que las respuestas sean las mismas a través de los años.
¿Por qué esta falta de acción sobre la realidad? El obstáculo más común hace referencia a la insuficiencia de recursos. Dejando al margen que muchos problemas no se arreglan con dinero -ni siquiera con mucho dinero- reconozcamos que hay siempre una necesaria restricción presupuestaria y que los recursos tienen un coste de oportunidad que condiciona su asignación. Pero lo más evidente es que existe un exceso de cobardía ejecutiva ligada a intereses electorales y a la eventual infracción de lo que se considera “políticamente correcto”. Mejor no hacer nada y dejar que se equivoquen otros. El miedo al coste político paraliza la acción recomendada. Aquí reside la dificultad, y no en la sofisticación de las medidas a adoptar, que son más bien remedios caseros

Dejame tu comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *