Una de las “piezas” que se llevó Maragall en el zurrón tras su reciente entrevista en Moncloa con Rodríguez Zapatero fue el traslado a Cataluña de la sede de la Comisión Nacional de las Telecomunicaciones (CMT), creada en 1996 y situada en Madrid. Ser sede central de empresas e instituciones se considera un factor de desarrollo territorial por el gran número de relaciones económicas y sociales que generan en su entorno más o menos inmediato, lo que da lugar a la consolidación o creación de interlocutores socioeconómicos. Este fenómeno se ha denominado “efecto sede”, y es tan fácil de entender como difícil resulta la valoración de sus efectos concretos. En ocasiones, las decisiones políticas de localización parecen ir en contra de los análisis teóricos, quizá porque lo que éstos aconsejan no pretenden cambiar la historia y cualquier político que se precie aspira a hacerlo. Los resultados de decisiones como la de llevar la capital de Euskadi a Vitoria o la de Extremadura a Mérida ayudarán a entender lo que quiero decir. Ni Bruselas ni Estrasburgo serían hoy lo que son de haber atendido lo que aconsejaban todos los factores menos los políticos, y aún no está claro si se acertó con la decisión.
Los órganos reguladores de los mercados (Banco de España, Comisión Nacional de la Energía, Comisión Nacional del Mercado de Valores) son entes cuyas sedes concitan en su entorno la instalación de otras instituciones y empresas, aunque la lógica del mercado recomendaría que la relación causa-efecto funcionara a la inversa. Pero lo de menos es si es antes el huevo o la gallina. Lo de más es que Maragall sabe que la sede de la Comisión de las Telecomunicaciones (y de los servicios audiovisuales) en Barcelona obligará también a los operadores del sector a instalarse cerca, lo que por cierto ya llevan tiempo haciendo como consecuencia de una persuasiva política de la Generalitat. Es verdad -como me dice un sensato consejero del Gobierno andaluz- que esta medida supone una deslocalización provocada por el Estado, un juego que es mejor no seguir, pero no es menos cierto que no entrar en él es renunciar a neutralizar los tirones que otros provocan sobre el pelotón. Se ha dicho que el presidente Chaves va a “pedir” las sedes de dos agencias públicas de nueva creación, la de la Vivienda y la de Evaluación de Políticas Públicas. Todo indica que no tendrían los efectos de las telecomunicaciones, la energía o los mercados financieros, y más parece un premio de consolación. Al menos podremos evaluar con rigor esa política pública que fomenta la deslocalización administrativa.

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